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lunes, octubre 25, 2021

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#ENFOTOS Así quedaron los edificios y comercios cercanos al lugar de la explosión del taxi

Las ventanas de los edificios cercanos al lugar se rompieron, mientras que la persiana del primer piso dónde se registró la explosión se incendiaron también.
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    Cicpc detuvo a Tiktoker por criticar a hija de un oficialista

    Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron el sábado 28 de febrero a José Pérez, por la publicación de un video en la red social TikTok.

    En el material visual, el tiktoker cuestionó los privilegios de la hija del cantante Omar Enrique y los nexos de éste con el chavismo. Pérez fue contactado vía telefónica por la esposa cantante, María Buitrago, quién además de comentarle su molestia lo amenazó con que «estará manchadito de rojo».

    A pesar de que Pérez se disculpó con la familia y retiró el video, una comisión del cuerpo policial, comandada por el inspector Alberto Dugarte; jefe de delitos informáticos del Cicpc sede Urdaneta, lo detuvo sin una orden judicial.

    Los funcionarios aseguraron que necesitaban entrevistarlo y tomar sus declaraciones. Pérez accedió a acompañarlos y fue trasladado al CICPC de Higuerote. Horas más tarde, el inspector le comentó a la familia que debía ser trasladado a Caracas de forma urgente.

    Un proceso lleno de irregularidades

    Actualmente José Pérez está detenido en la sede del Cicpc de la avenida Urdaneta en Caracas, luego de que el 2 de marzo fuese fue presentado en el Tribunal 42 de Control del área metropolitana de Caracas. Le imputaron el delito de «instigación al odio», según la inconstitucional Ley Contra el Odio y revelación de data personal, estipulado en la Ley Especial de Delitos Informáticos.

    Sin embargo, ya Pérez había sido presentado un día antes (1/3/2021) ante el Tribunal Segundo de Caracas. En esa audiencia le imputaron el delito de injuria y difamación y quedó bajo régimen de presentación a partir del 5 de marzo.

    Hablemos del derecho
    El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su numeral 7 que:

    “Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de las cuales hubiese sido juzgada anteriormente«.
    Como mencionamos antes, Pérez fue presentado el 1ro de marzo ante el Tribunal Segundo de Municipio bajo una causa privada, desconocemos el origen de la querella, sólo se conoce que el delito imputado es Injuria.

    Producto de esa audiencia, el Tribunal impuso una medida cautelar en la cual está obligado a presentarse; el hecho por el cual es imputado ya fue presentado y reconocido.

    El siguiente día, vuelve a ser presentado en el Tribunal 42 de Control del Área Metropolitana de Caracas por los mismos hechos, bajo otro delito “Incitación al Odio”. Aquí es donde se evidencia la doble persecución, si ya un Tribunal lo reconoció, no es necesario que sea procesado en otro.

    Por esta razón, el caso de José Pérez es violatorio al principio de inadmisibilidad de la persecución penal múltiple. Se considera múltiple porque es la imputación de los hechos en dos tribunales diferentes.

    El Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 20 establece en su encabezado que nadie debe ser perseguido por la misma causa más de una vez. Lo establece para garantizar el proceso penal del individuo.

    Entonces, tomando en cuenta estos derechos y uno de los principios del derecho procesal; el Estado venezolano no puede procesar por los mismos hechos ni en simultáneo o sucesivo a una persona.

    El inicio de todo proceso penal es ser juzgado en libertad, tal como lo establece el artículo 44 de la constitución en su numeral 1 que indica:

    “Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…”

    Vía www.espaciopublico.ong

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