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domingo, diciembre 6, 2020

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    Texto: María Laura Chang (Venezuela) y Sikiuk Méndez  (Venezuela)

    Ilustración: Ray Tarazona (Venezuela)

    “Hay una diferencia muy marcada entre lo que vimos antes de la pandemia y lo que estamos viendo ahora”, dice Jany Joplin De Pagua, abogada y responsable del acompañamiento legal del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) una de las organizaciones que brinda orientación a mujeres víctimas de violencia de género en Venezuela desde la capital. El aumento de llamadas de mujeres en situación de violencia que ha recibido su organización en los últimos meses ha hecho la diferencia. La misma escena se repite con otras defensoras de la sociedad civil en distintos estados del país: la violencia de género se avivó en cuarentena. 

    Los factores, dicen las activistas por los derechos de las mujeres, son numerosos y algunos tienen que ver con la situación en Venezuela. El país recibe a la pandemia con una crisis humanitaria compleja que ha derribado un sistema de salud ya debilitado, ha dificultado el acceso a alimentos; ha dejado sin posibilidades económicas al grueso de la población y obligado a migrar a casi cinco millones de personas del país. Recientemente, a la falta de servicios básicos como agua, electricidad y gas para cocinar, se le sumó la escasez de gasolina. Venezuela ya era un país en pausa cuando empezó el confinamiento. 

    “La gente sin trabajo, el encierro, la pérdida del poder adquisitivo, todo eso influye de manera negativa en la conducta de las personas que no saben cómo canalizar ese sentimiento de desesperanza, esas inquietudes y ansiedad”, dice De Pagua y aclara que aunque nada justifica la violencia son cosas que alteran el comportamiento, estimulan la agresividad e inciden en ese aumento de violencia de género. “No tienes agua, los niños te piden comida y no tienes qué darles, si necesitas una medicina es carísima, además no hay forma de encontrar anticonceptivos y las mujeres siguen dando a luz”, continúa.  

    Quizá por eso la tendencia en materia de la violencia de género ya venía en aumento desde 2019. Así lo reflejan las cifras recopiladas en los distintos monitoreos de femicidios no gubernamentales que hacen varias agrupaciones y medios de comunicación a falta de data oficial. Entre marzo y agosto del año pasado Cotejo.Info, un sitio web especializado en verificación de datos que nos compartió su completa base de datos, reportó 69 femicidios, mientras que este año, en el mismo periodo, 65.

    Pero las llamadas de auxilio no paran y las organizaciones se van haciendo pocas. Mayela Carillo, presidenta de la organización No permitas malos tratos del estado Carabobo, ya sentía que podía llegar este colapso. “Si no hubiese ocurrido la pandemia ya sabía que iba a pasar algo así porque los órganos del Estado no hubiesen podido responder ante la creciente necesidad de acompañamiento y protección de las mujeres”, agrega.

    Femicidios en cuarentena

    El domingo 15 de marzo cuando Nicolás Maduro, quien ejerce la presidencia de Venezuela, informó a la población que a partir de las 5:00 a.m. del día siguiente siete estados quedarían confinados en cuarentena para prevenir la propagación de la covid-19. Los hogares servirían de amparo para protegerse del contagio a algunos pero, al mismo tiempo, se convertirían en el escenario en el que mujeres que quedaron atrapadas con sus agresores, sufrieran distintas manifestaciones de la violencia, incluso, la muerte. 

    Ese fue el final de Micleyde Josefina Cortez, una mujer de 32 años que vivía en el estado Aragua junto a sus tres hijos de 14, 10 y 9 años y su novio, hasta que él la asfixió. De acuerdo con el testimonio que la madre de Micleyde dio a la prensa local, su hija había terminado la relación con su pareja, Edward Rafael Rodríguez Rojas, por violento hacía dos años, pero en noviembre regresaron. Durante este año los maltratos siguieron y el 17 de agosto él la asesinó. La Policía local emprendió un operativo para detenerlo y se desconoce si continúa prófugo o fue capturado. 

    Historias como esa abundan y, en Venezuela, donde no existen datos oficiales, las organizaciones y medios de comunicación se han dado a la tarea de monitorear y contabilizar los femicidios. Esta investigación trabajó a partir de la data brindada por Cepaz y la de Cotejo. Info que constantemente publica los hallazgos que encuentra. Pero también está disponible el que lleva Aidé Zambrano en Utopix

    Entre el 16 de marzo y 13 de junio del 2020, Cepaz dio cuenta de 43 femicidios, mientras que Cotejo.info contó 31 en el mismo periodo de tiempo. Las diferencias pueden deberse a que Cepaz en su monitoreo construye categorías de análisis tomando en cuenta algunos de los elementos de tipo penales referidos al femicidio en la Ley Orgánica del derecho que tienen las mujeres a una vida libre de violencia, pero no al pie de la letra. Mientras que Cotejo.Info solo califica los femicidios tal cual como lo estipula la Ley

    En el reporte de Cepaz, que analiza los casos de marzo a junio de 2020, resalta que el primer mes de la cuarentena obligatoria (13 de marzo al 13 de abril 2020) ha sido el más violento para las mujeres, con 19 femicidios. Ese mes, cada 36 horas una mujer fue asesinada en Venezuela. La mayoría de los asesinatos, el 63%, ocurrió en la casa de las víctimas, lugar que se suponía era el más seguro para resguardarse del contagio de la covid-19. Otro aspecto relevante del informe son las causas de las muertes, 5 fueron por armas de fuego, 8 acuchilladas, 5 golpeadas y 1 quemada. 

    Carencias del sistema

    Desde el Gobierno dirían que están tomando medidas para atender casos de violencia doméstica y de género; dirían que habilitaron líneas de emergencia especialmente dedicadas a este flagelo; harían una campaña comunicacional para sensibilizar sobre el tema, pero cuando este 4 y 30 de octubre intentamos entrar al sitio web del ministerio de la mujer, no estaba habilitado; cuando  las personas llaman a las líneas puede que nadie les conteste; allí, en las calles vacías de un país que se había detenido hacía tiempo, eran pocas las que encontraban respuestas estatal. 

    “Las personas que me llaman me dicen que no se pueden comunicar con los números del Gobierno”, confirma Mayela Carrillo. En cuarentena los casos fueron tantos y la respuesta estatal tan nula que hasta le tocó alojar a una víctima en casa, a pesar de haber acudido al Ministerio Público y haber pedido medidas de emergencia para ese caso. De Pagua la apoya al afirmar que “los teléfonos que se dieron desde el Estado para atender casos de violencia no los agarra nadie, no funcionan las unidades de atención sino para rechazar a los casos y todo esto ha hecho que la gente no les llame más”.

    Ante el Estado ausente y silente, que no rinde cifras de ningún tipo, la misión de acompañar y proteger a esas mujeres, así como de documentar lo que ocurre, ha quedado prácticamente en manos de las organizaciones de la sociedad civil, que tenían años ya dedicadas a esto, sorteando las carencias de un sistema de justicia bastante deficiente. Tal y como se relató en la entrega anterior de Violentadas en Cuarentena, algunas se han aliado y muchas empezaron a formar la Red Naranja, un espacio de trabajo conjunto y colaborativo donde se agrupan organizaciones y personas que trabajan por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

    “Antes de la pandemia teníamos un sistema de Justicia cuyas instituciones no tenían hojas de papel,  no tenía tóner (tinta) para las impresiones, no tenía personal, pues la mayoría del personal se había ido y el nuevo no estaba bien calificado —dice De Pagua— ahora la gente no tiene ni siquiera transporte para dirigirse desde su casa a las instituciones a poner la denuncia”. 

    Aunque ella habla de Caracas y la zona capitalina; desde Zulia, uno de los estados más poblados de Venezuela ubicado al noreste del país en frontera con Colombia, la abogada y presidenta de la Fundación Vida Jurídica, Diyuli Chourio, cuenta que el drama es el mismo y desde mucho antes. En casos en los que finalmente las mujeres logran llegar al Estado “las instituciones de seguridad ciudadana no tenían gasolina para irlas a apoyar, así que la protección inmediata no está activa”, denuncia. Así como Carrillo llegó a dar refugio a una víctima; Chourio empezó a dar su número privado para que más mujeres las pudieran contactar siempre que fuera necesario. 

    En Zulia, la abogada asegura que el 911 ha funcionado mejor que en los otros estados, sin embargo, indica que siguen siendo las organizaciones no gubernamentales las principales receptoras de llamadas. “Yo atendía de tres a cinco casos a la semana antes de la pandemia y después del 21 de marzo y hasta el 13 de abril, unos 15 casos a la semana”, cuenta. Entre el 21 marzo y el 31 de agosto, su fundación atendió 58 casos, de los cuales solo 4 llegaron a la denuncia.

    Por su parte, la red conformada por Cepaz, Fundamujer y el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela tuvo 87 casos atendidos desde el 15 de marzo hasta el 29 de septiembre. 

    “Las llamadas se han incrementado porque ha habido una ineficiencia por parte de las autoridades competentes, tanto de las unidades de atención como de todo el sistema, para procesar denuncias y para guiar a las mujeres víctimas de violencia”, dice De Pagua. En Zulia, Chourio reporta que la Fiscalía ni siquiera brindaba números de emergencia para que pudieran atender casos urgentes. 

    Las tres entrevistadas señalan que los funcionarios que atienden los pocos casos que trascienden a las organizaciones suelen no estar sensibilizados ni tienen formación en violencia de género llegando a revictimizar a las mujeres que llegan hasta ellos. 

    ‘Oye, pero si casi no te pegó’,’seguramente algo le hiciste tú’,’tú lo estuviste provocando’, son solo algunas frases que pueden escuchar mujeres en las instituciones policiales o judiciales del país. “El sistema tan deteriorado y no tener a la gente capacitada o sensibilizada hace que las personas desistan de ir a hacer una denuncia porque sienten que no las toman en serio (…), para que los casos prosperen las personas tienen que insistir muchísimo”, dice la abogada de Cepaz. 

    Las llamadas de auxilio

    Si bien el grueso de las llamadas son realizadas por mujeres adultas; violaciones a menores y desamparo de mujeres mayores también se han reportado en los últimos meses en el estado Zulia. 

    La violencia digital ha estado presente con amenazas de hacer públicos videos íntimos y desde el exterior tanto Carrillo como Chourio han buscado dar apoyo a venezolanas migrantes en Colombia, Panamá, Chile, Argentina y Ecuador. 

    La falta de información sobre los procesos y las leyes en sus países de destino ha hecho que encuentren en las organizaciones locales un mejor apoyo y no se sientan excluidas. “Tuve el caso de una mujer que estaba en Panamá y pensaba que no podía denunciar por encontrarse en una situación legal irregular”, cuenta Diyuly Choruio. 

    En seguida ella la puso en contacto con quien pudiera ayudarla en ese país, y si bien hablamos de ayuda internacional, también ocurre que las llamadas provengan de otros estados e incluso otras organizaciones: quienes cuentan con ayuda psicológica, colaboran con quienes tienen ayuda legal y viceversa. 

    De esta forma, la colaboración en tiempos de crisis se ha afianzado y en estos tiempos tan difíciles continúa la atención a mujeres desde estas agrupaciones. 

    “En un país que culturalmente es un pecado tener miedo, en el que se nos dice que la víctima no puede ser víctima, es valioso y necesario contar con estos espacios”, concluye Carrillo. 

    Si sufres de violencia de género en Venezuela o necesitas algún tipo de apoyo psicolegal puedes revisar este directorio de organizaciones.

    Este texto forma parte de “Violentadas en cuarentena”, publicada en Distintas Latitudes, una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina y el Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la covid-19. Esta investigación fue apoyada por el Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la International Women’s Media Foundation.

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